Moratoria en el pago del alquiler para autónomos y pymes
SAE Lanzarote • 22 de abril de 2020
Volver al Blog
Los autónomos y pymes podrán solicitar al arrendador una moratoria en el pago de la renta.
Según aparece recogido en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, publicado en el BOE nº 112, de 22 de abril de 2020, los autónomos y pymes que cumplan una serie de condiciones podrán solicitar al arrendador una moratoria en el pago de la renta en los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda.
A continuación, les reproducimos una parte del texto tal como aparece publicado en el BOE, el cual podrán leer íntegro en el siguiente enlace: Disposición 4554 del Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril, publicado en el BOE nº112, de 22 de abril de 2020
"Reproducción parcial del texto recogido en el Capítulo I de la Disposición 4554 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, publicado en el BOE nº 112, de 22 de abril de 2020."
CAPÍTULO I
Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos
Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.
2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.
2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.
Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el autónomo:
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por una pyme:
a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
Artículo 4. Acreditación de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, se acreditará por el arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.
b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
Artículo 5. Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.
Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos en el artículo 3, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
"Reproducción parcial del texto recogido en el Capítulo I de la Disposición 4554 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, publicado en el BOE nº 112, de 22 de abril de 2020."

El programa, incluido en el Plan Respaldo Autónomos, contempla ayudas para sustituciones por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como para la contratación de apoyo en el cuidado de menores, personas mayores o dependientes, y para sufragar parte del coste de servicios de cuidado, como guarderías o centros de día.

La presidenta de la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), Beatriz Salazar, aseguró hoy que “es necesario dar una respuesta sostenida en el tiempo, que esté adaptada a la evolución de los mercados ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue”. Si bien la máxima representante de los empresarios de la isla reconoce que las medidas del Gobierno de Canarias y del Ejecutivo central para contener el impacto económico de la guerra de Oriente Próximo sobre el Archipiélago son adecuadas, considera que estas deben ser continuamente evaluadas para garantizar su adecuación al contexto real de la economía canaria. “Nuestra condición de región ultraperiférica nos hace especialmente vulnerables a cualquier alteración en los mercados internacionales, por lo que es fundamental anticiparnos a lo que pueda ocurrir en el medio plazo”, alerta Beatriz Salazar. Además, advierte de que el conflicto bélico de Oriente Próximo está comenzando a trasladar sus efectos a la economía canaria, incrementando la presión sobre las familias y los sectores productivos de las islas. El principal impacto es el encarecimiento de la energía, que afecta directamente a los costes empresariales y reduce el poder adquisitivo de los hogares. “En un territorio como Canarias, altamente dependiente del exterior, esta situación tiene un efecto directo y amplificado sobre el conjunto de la actividad económica”, afirma. El aumento del precio del petróleo, con un incremento del 31% en el barril de Brent desde el inicio de las hostilidades, está encareciendo el transporte, la producción y, en última instancia, la cesta de la compra, según explican desde la patronal. En el caso del transporte aéreo, el aumento del combustible coincide con un periodo de alta demanda turística, lo que incrementa la presión sobre la rentabilidad de las compañías y pone en riesgo la conectividad de Canarias. Además, este contexto se produce en un momento de especial sensibilidad operativa en los aeropuertos canarios, con conflictos laborales activos que afectan a infraestructuras estratégicas como la de Lanzarote. “Otro ejemplo es que ya se ha paralizado gran parte de la producción mundial de fertilizantes, lo que introduce nuevas tensiones en el sector primario y anticipa un posible incremento en los precios de los alimentos”, explica la presidenta de la Confederación, haciendo hincapié en la influencia negativa de los conflictos bélicos internacionales para todos los sectores productivos. Además, Beatriz Salazar señala que estos factores comenzarán a reflejarse en los próximos datos de inflación, con un aumento del IPC de marzo de varias décimas, lo que supondrá una nueva pérdida de poder adquisitivo para las familias canarias. El encarecimiento energético está afectando de forma directa a la competitividad del tejido empresarial. Sectores como el transporte, el primario o la industria ven incrementados sus costes en un contexto de creciente incertidumbre.

La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) ha manifestado su preocupación ante la situación generada por la huelga del personal del servicio de handling de la empresa Groundforce, que está afectando a la operativa del aeropuerto en uno de los periodos de mayor actividad del año para la isla, como es Semana Santa. En este sentido, la organización empresarial subraya la importancia estratégica del aeropuerto de Lanzarote como principal puerta de entrada de turistas y como infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo económico insular. Por ello, advierte de que cualquier alteración en su funcionamiento tiene un impacto directo en el conjunto del tejido empresarial, especialmente en sectores como el turístico, el transporte y los servicios. La presidenta de la CEL, Beatriz Salazar, recuerda que “nos encontramos en un momento especialmente sensible para la economía de Lanzarote, en el que la estabilidad en la operativa aeroportuaria es fundamental para garantizar el normal desarrollo de la actividad turística y empresarial”. Por ello, apela a la responsabilidad de todas las partes implicadas para evitar que este conflicto tenga consecuencias mayores. “Desde la CEL defendemos el diálogo como herramienta fundamental para la resolución de conflictos laborales”, destaca. “Es necesario que empresa y plantilla acerquen posturas y trabajen en soluciones que permitan compatibilizar los derechos laborales con la garantía de un servicio esencial para la isla”, incide. Asimismo, Salazar recuerda que la calidad del destino turístico comienza desde la llegada del visitante, por lo que estas incidencias en el aeropuerto pueden afectar a la percepción global de Lanzarote. En este contexto, la CEL pone en valor la necesidad de reforzar la colaboración entre empresas, profesionales e instituciones públicas, con el objetivo de asegurar un entorno estable que favorezca la actividad económica y la generación de empleo en la isla. “Confiamos en que, desde el entendimiento y la responsabilidad, se pueda alcanzar muy pronto una solución que beneficie al conjunto de la sociedad”, concluye.







